Desde hace varias décadas, a nivel internacional se detectó la necesidad de otorgar una protección especial y específica para todos aquellos ciudadanos de los sectores público y privado que, de buena fe y con miras a la regularización del cumplimiento de la ley, acuden ante las autoridades para denunciar actos de corrupción al interior de sus organizaciones. A estas personas comúnmente se les ha dado el nombre de delatores o whistleblowers.
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