A partir de la reforma financiera de enero 2014, y con el objetivo de dotar a la Condusef de herramientas para equilibrar las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, se incluyó en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (la Ley) la posibilidad de que los dictámenes de la Condusef fueran considerados como títulos ejecutivos que traerían aparejada ejecución. En virtud de lo anterior, un usuario de servicios financieros que presentara un reclamo ante la Condusef, podría obtener un dictamen favorable que fuera inmediatamente ejecutable en contra de la Institución Financiera que dañó sus intereses.
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